Una propuesta impulsada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos para ampliar la clasificación administrativa de información no clasificada genera preocupación por sus posibles efectos sobre el acceso público a documentos gubernamentales. La iniciativa aún tendría que ser aprobada por el Congreso estadounidense para entrar en vigor.
El planteamiento permitiría que quien ocupe la Secretaría de Guerra designe unilateralmente diversos documentos de interés público como “información controlada no clasificada” (CUI, por sus siglas en inglés). Esa categoría establece controles de manejo y divulgación, aunque no equivale a información clasificada.
La principal preocupación es que los documentos incluidos bajo esa denominación puedan quedar fuera de solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA) y por normas estatales de acceso a registros públicos. En ese escenario, una amplia cantidad de información sobre las actividades del gobierno podría dejar de estar disponible para periodistas y ciudadanos.
La propuesta todavía no ha sido incorporada a un proyecto de ley ni sometida a votación en el Congreso. Por ello, sus alcances definitivos dependerían del texto que eventualmente se presente y del proceso legislativo correspondiente.
El debate ocurre en un contexto de mayores restricciones para la cobertura periodística del gobierno estadounidense. Entre las medidas señaladas se encuentran limitaciones temporales al acceso de algunos medios a espacios de cobertura, cambios en la organización del grupo de prensa y nuevas condiciones para la permanencia de periodistas extranjeros.
Las reglas federales sobre información controlada no clasificada establecen que esos materiales deben protegerse hasta que una autoridad determine que pueden divulgarse públicamente. Sin embargo, la discusión actual se centra en si una facultad más amplia para designar información como CUI podría utilizarse para restringir el acceso a documentos que no contienen información clasificada.
La Sociedad Interamericana de Prensa considera que el cambio podría afectar la transparencia y dificultar el trabajo de los medios que investigan las decisiones del Departamento de Guerra. Mientras la iniciativa no avance en el Congreso, la propuesta permanece como un planteamiento sujeto a revisión legislativa.