El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas advirtió el 21 de octubre de 2026 que existen indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México y solicitó considerar cooperación internacional para enfrentar la crisis. La propuesta fue presentada ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU.
El organismo señaló que la práctica continúa en el país y planteó asistencia en seis áreas: búsqueda de personas, investigación, esclarecimiento de la verdad, atención de la crisis forense, protección de las víctimas y apoyo a sus familias.
La decisión se tomó después de revisar información del gobierno mexicano, aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, así como antecedentes recopilados desde 2012. El procedimiento se activó por primera vez conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Un mecanismo preventivo de alerta
El artículo 34 permite llevar con carácter urgente una situación ante la Asamblea General cuando existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática. El mecanismo busca movilizar atención, cooperación técnica y recursos internacionales, pero no constituye por sí mismo una declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano.
El comité también aclaró que su determinación no identifica una política federal destinada a cometer desapariciones mediante acciones deliberadas u omisiones de las autoridades. Sin embargo, sostuvo que persisten problemas estructurales que requieren respuestas urgentes y coordinación entre instituciones.
México rechaza la interpretación del comité
La delegación mexicana rechazó la interpretación sobre el alcance y la aplicación del artículo 34, aunque afirmó que el país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación con los organismos internacionales. También sostuvo que no consiente ni tolera las desapariciones.
El gobierno mexicano atribuyó la mayoría de estos delitos a grupos criminales y señaló que en algunos casos participan autoridades municipales. La delegación afirmó que todos los casos deben investigarse y sancionarse.
Durante la presentación de su informe anual, el comité informó que entre marzo de 2025 y febrero de 2026 recibió 336 solicitudes de acción urgente de distintos países y registró 251. Desde la creación de este procedimiento, contribuyó a localizar a 574 personas desaparecidas, 437 de ellas con vida.
México reportó que durante 2026 fueron localizadas más de 16 mil personas, la mayoría con vida. También destacó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana, así como la operación permanente de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.
Como parte de la cooperación internacional, el país informó la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar el registro de personas desaparecidas, además de colaboraciones con Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá, Países Bajos y el Fondo de Población de Naciones Unidas.