El gobierno francés acusó a grupos de extrema izquierda y ultraizquierda de impulsar una “estrategia de insurrección” tras los disturbios, saqueos y daños registrados durante las protestas del 17 de octubre contra el alto costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos. El primer ministro Sébastien Lecornu formuló la acusación ante la Asamblea Nacional, mientras las autoridades mantienen toques de queda parciales en zonas de París, Lyon y otras ciudades.
Lecornu afirmó que los actos vandálicos respondieron a una planificación atribuida a “grupúsculos de extrema izquierda y de ultraizquierda”. Como ejemplo, mencionó la detención de un sospechoso relacionado con el incendio del ayuntamiento de Limoges, aunque las investigaciones deberán determinar su eventual responsabilidad y el alcance de la organización señalada por el Ejecutivo.
El gobierno también responsabilizó políticamente a La Francia Insumisa y a su dirigente, Jean-Luc Mélenchon, por considerar que sus declaraciones alentaron la violencia. Mélenchon rechazó las acusaciones y advirtió que el incremento de los señalamientos podría generar provocaciones en un periodo de crisis.
Toques de queda y operativo policial
Por segunda noche consecutiva, las autoridades aplicaron restricciones nocturnas en distintos centros urbanos para proteger a la población y a los comercios. En París, las medidas abarcaron áreas como la plaza de la República y el entorno del centro comercial Les Halles; en Lyon se concentraron en la zona central, mientras que Marsella, Niza y Burdeos establecieron restricciones para menores de edad no acompañados en determinados barrios.
La policía parisina informó que la primera noche bajo toque de queda transcurrió sin nuevos disturbios importantes en las zonas restringidas. Lecornu anunció además un dispositivo de seguridad “masivo” para las movilizaciones convocadas el sábado 24 de octubre por integrantes del movimiento de los chalecos amarillos y estudiantes de liceo.
El gobierno francés aseguró que reforzará la respuesta judicial contra quienes participaron en saqueos y ataques. De acuerdo con el balance difundido por las autoridades, más de 2 mil 500 personas fueron detenidas y 149 permanecían en prisión preventiva o habían recibido una condena.
Presión política sobre el gobierno
La crisis aumentó la presión sobre el Ejecutivo de Emmanuel Macron. La derecha y la extrema derecha acusaron al gobierno de no anticipar los disturbios, mientras sectores de izquierda cuestionaron que la respuesta oficial se concentrara en la seguridad sin atender las demandas sociales expresadas durante las manifestaciones pacíficas.
Lecornu reconoció fallas en la anticipación y en el despliegue de seguridad, pero sostuvo que las medidas deben equilibrar el restablecimiento del orden público con el derecho a la manifestación. Las autoridades también anunciaron apoyos para comercios afectados, incluidos mecanismos de financiamiento y facilidades para cubrir obligaciones fiscales y sociales.