El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que la crisis de desapariciones en México se ha agravado, con más de 131 mil personas registradas como desaparecidas, alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar y niveles de impunidad superiores a 98 por ciento. El organismo también señaló el aumento de agresiones contra madres buscadoras y la falta de resultados en las investigaciones.
La situación llevó al Comité a activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y remitir el caso a la Asamblea General de Naciones Unidas. Este procedimiento se utiliza cuando existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas pueden cometerse de manera generalizada o sistemática.
El registro de personas desaparecidas aumentó desde 2021
Durante la visita del Comité a México, en noviembre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba poco más de 96 mil registros. Para abril de 2025, cuando se decidió activar el procedimiento internacional, la cifra había superado las 131 mil personas, un incremento de más de 36 mil registros en aproximadamente cuatro años.
En el mismo periodo, los cuerpos sin identificar bajo resguardo de los servicios forenses pasaron de alrededor de 52 mil a 72 mil. La crisis forense se suma a la falta de coordinación institucional, la saturación de instalaciones y las dificultades para garantizar la identificación y restitución de los restos a sus familias.
La ONU reconoce medidas, pero considera que no han sido suficientes
El Comité reconoció que México ha aprobado leyes, creado comisiones de búsqueda, establecido fiscalías especializadas y destinado recursos para proteger a las personas buscadoras amenazadas. Sin embargo, advirtió que esas acciones no han logrado contener el deterioro de la situación ni reducir la impunidad.
Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité, sostuvo que antes de activar el artículo 34 se recibió información oficial, se escuchó a las autoridades mexicanas y se analizaron las aportaciones de organizaciones civiles. También afirmó que el organismo continuará supervisando el caso hasta obtener respuestas sobre el paradero de las personas desaparecidas.
Persisten dudas sobre las personas localizadas
El Comité cuestionó que el reporte gubernamental sobre la localización de 16 mil personas permita conocer por sí solo los resultados de las búsquedas. Consideró necesario aclarar quiénes fueron localizadas, cuándo ocurrió, si sus familias fueron notificadas y cuáles fueron las circunstancias de cada caso.
También señaló que, incluso al considerar las localizaciones informadas, permanecerían alrededor de 120 mil personas desaparecidas. Para el organismo, la magnitud del fenómeno exige fortalecer la búsqueda, la investigación penal y los mecanismos de identificación forense.
Familias cuestionan la confiabilidad del registro nacional
Guadalupe Fernández Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, cuestionó la precisión y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La madre buscadora relató que en una revisión domiciliaria aparecía el nombre de su esposo en lugar del de su hijo, desaparecido en Monclova, Coahuila.
Michael Chamberlin, defensor de derechos humanos, señaló que la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales y las fiscalías especializadas fue impulsada por las familias. No obstante, advirtió que la existencia de leyes, instituciones y protocolos no ha garantizado resultados concretos.
El caso mexicano continuará bajo supervisión internacional. El Comité ha solicitado información complementaria a las autoridades y sostiene que la cooperación técnica y financiera debe traducirse en acciones efectivas de búsqueda, identificación, investigación, protección a las familias y combate a la impunidad.