La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acusó a la oposición de respaldar la gentrificación y la expulsión de comunidades por rechazar su iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles. La mandataria pidió al Congreso capitalino realizar un parlamento abierto para escuchar a los distintos sectores y construir consensos sobre la propuesta.
“Pareciera que la oposición se pone del lado de la gentrificación, a favor de la expulsión de las comunidades”, afirmó Brugada. Sus declaraciones se produjeron después de que legisladores locales del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano adelantaran que votarían en contra de la iniciativa, mientras que el PVEM aún no fija una postura.
Brugada sostuvo que existen condiciones para aprobar tanto la reforma constitucional en materia de vivienda como la ley de rentas. También aseguró que su administración protegerá el derecho a la propiedad privada y que la propuesta busca defender a los propietarios frente a conductas ilegales o inadecuadas de los inquilinos.
Los principales puntos de la iniciativa
La propuesta plantea que los precios de las rentas no aumenten por encima de la inflación anual. Brugada señaló que, aunque ese límite está previsto en el Código Civil desde 2024, la falta de un instrumento jurídico específico ha impedido que la medida tenga efectos suficientes.
- Crear una Carta de Derechos y Obligaciones para establecer reglas claras entre arrendadores y arrendatarios.
- Permitir que las personas inquilinas soliciten únicamente una garantía para rentar una vivienda.
- Formar una Defensoría Inquilinaria adscrita a la Procuraduría Social, con servicios de defensa jurídica gratuita.
- Promover contratos estables con una duración mínima de un año y establecer un registro digital de contratos.
- Ampliar la oferta de vivienda social y fomentar la participación privada mediante apoyos a propietarios que suscriban contratos multianuales.
- Crear un Gabinete de Acompañamiento Social para atender casos de desalojo.
- Regular la participación de cargadores mediante personal capacitado contratado por el Poder Judicial.
La jefa de Gobierno afirmó que nadie debería enriquecerse a costa de una necesidad básica y defendió la regulación de las rentas como una medida para evitar el desplazamiento de comunidades. Además, pidió revisar experiencias internacionales para valorar la propuesta como un mecanismo moderado y equilibrado.
Ante las críticas de que el registro digital podría fomentar un mercado negro de rentas, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, respondió que la herramienta busca ordenar y dar certidumbre a un sector en el que actualmente prevalece la informalidad.
El Congreso de la Ciudad de México deberá analizar la iniciativa y definir el proceso legislativo correspondiente. El parlamento abierto solicitado por Brugada busca incorporar las opiniones de inquilinos, propietarios, especialistas y organizaciones antes de la discusión y eventual votación del proyecto.