La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, incluidos daños al erario por más de 66.5 millones de pesos que permanecen sin solventar. La indagatoria también alcanza a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), funcionarios, empresas y proveedores relacionados con contrataciones del sistema electoral.
El órgano fiscalizador informó que cuenta con elementos e indicios sobre posibles irregularidades en diversas contrataciones, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. La investigación se realizará con independencia, objetividad y rigor técnico, mientras las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Entre los hallazgos señalados se encuentran contratos por más de 21 millones de pesos otorgados durante 2025 a 10 empresas constituidas menos de un año antes de recibir los recursos. También se identificaron 131 proveedores que no publicaron sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pese a que continuaron recibiendo contratos.
Observaciones por 66.5 millones de pesos
La investigación incorpora observaciones realizadas al INE el año pasado por 66.5 millones de pesos. La partida principal corresponde a un contrato de 63 millones 241 mil 392.14 pesos asignado a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., para la impresión, producción y distribución de materiales de simulacro del Proceso Electoral 2023-2024, cuya prestación no habría sido acreditada con la documentación requerida.
Además, permanecen pendientes de aclaración un millón 70 mil 928.52 pesos relacionados con materiales didácticos para la elección de cargos del Poder Judicial y 2 millones 250 mil 680 pesos correspondientes al arrendamiento del parque vehicular.
La ASF también reportó pagos realizados a 18 trabajadores que ya habían fallecido, así como la participación recurrente de empresas que se presentaban en conjunto o en bloque y que obtuvieron contratos en distintos OPLE. Otro de los señalamientos indica que 57 personas físicas recibieron contratos del INE mientras se desempeñaban como funcionarios públicos activos.
Contratos y posibles conflictos de interés
Dentro de los casos difundidos públicamente se encuentra el de Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., empresa administrada por Itzel Sandino Piña Soria, hija de Lourdes Piña Soria del Valle, identificada como asesora cercana de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. La compañía aparece como proveedora del instituto a partir de 2026.
También se menciona a Gilberto Solís Mendívil, quien habría obtenido a finales de 2025 un contrato superior a un millón de pesos para realizar una miniserie documental sobre la elección judicial y, al mismo tiempo, figura como comisario de Promotora de Noticias Exactas en su acta constitutiva. Estos señalamientos forman parte de la información que deberá ser revisada durante la investigación.
La Presidencia del INE manifestó que respaldará la revisión de la ASF, colaborará con las autoridades y mantendrá el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. El instituto indicó que los antecedentes también fueron remitidos a su Órgano Interno de Control y anunció la creación de un micrositio para consultar contratos, montos, proveedores y documentos relacionados con sus procesos de contratación.
La ASF prevé presentar nuevos resultados el 20 de febrero de 2027. Hasta que concluyan las investigaciones, los hechos señalados conservarán el carácter de presuntas irregularidades y no implican por sí mismos una determinación definitiva de responsabilidades administrativas o penales.