El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, pidió al Gobierno de México aclarar la identidad y el destino de las 16 mil personas que reportó como localizadas durante el último año. También solicitó informar si fueron reunidas con sus familias o si sus familiares recibieron datos sobre su paradero.
La petición se produjo después de que autoridades mexicanas informaran avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. De acuerdo con los datos oficiales, hasta octubre de 2026 habían sido localizadas 16 mil 003 personas mediante cruces de registros, coordinación con entidades federativas, alertas nacionales y búsquedas en territorio.
Albán aclaró que el reconocimiento de esos resultados no significa que la crisis de desapariciones haya terminado. Señaló que, incluso si las localizaciones son confirmadas, todavía permanecerían más de 120 mil personas pendientes de encontrar, por lo que las autoridades deben mantener las labores de búsqueda e identificación.
Piden verificar las cifras y el reencuentro con las familias
El presidente del Comité planteó que las cifras deben revisarse caso por caso. Entre los puntos pendientes se encuentra conocer la identidad de las personas localizadas, determinar si fueron encontradas con vida y confirmar si hubo contacto efectivo con sus familiares.
La Secretaría de Gobernación informó que 6 mil 939 localizaciones se obtuvieron mediante la Plataforma Única de Identidad, mientras que otras 4 mil 788 fueron resultado de la coordinación con gobiernos estatales. También reportó 3 mil 473 casos vinculados con la alerta nacional y mil 214 localizaciones realizadas mediante búsqueda en territorio.
El reporte oficial incluye personas encontradas con vida y casos en los que las autoridades informaron que fueron localizadas sin vida. Por ello, la precisión de los registros y la comunicación con las familias son elementos centrales para evaluar el alcance de los resultados.
El artículo 34 mantiene el caso ante la Asamblea General
El pronunciamiento de Albán ocurrió después de la presentación del informe anual del Comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. El organismo recordó que decidió llevar la situación de México ante la Asamblea General mediante el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Ese procedimiento permite presentar ante la Asamblea General una situación cuando existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un Estado parte. Su aplicación no establece por sí misma la responsabilidad internacional del Estado mexicano ni implica que se haya acreditado una política federal para cometer desapariciones.
El Comité sostuvo que existen indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y de que esa práctica persiste en México. El Gobierno mexicano rechazó la interpretación del organismo sobre el alcance del artículo 34 y defendió las acciones emprendidas para fortalecer la búsqueda.
Familias y colectivos exigen transparencia
La revisión del registro nacional también ha generado inquietud entre colectivos de familiares de personas desaparecidas. Las organizaciones han cuestionado la falta de información sobre los criterios utilizados para revisar los casos y han pedido garantías de que ninguna persona sea excluida injustificadamente del registro.
Albán insistió en que los avances anunciados deben reconocerse, pero no pueden utilizarse para dejar de lado la magnitud de la crisis ni la responsabilidad de continuar con las investigaciones. La Asamblea General de la ONU deberá analizar la información presentada y valorar posibles medidas de cooperación y asistencia internacional.