Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25 mil millones de dólares al estado, luego de que un jurado determinara que la empresa engañó a usuarios sobre sus políticas de privacidad y el manejo de datos en Facebook en un caso relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica.
La resolución fue emitida el miércoles 21 de octubre de 2026, tras un proceso iniciado por la fiscalía general estatal en 2021. El caso se centró en acusaciones de que Facebook no informó de manera adecuada quién podía acceder a los datos de sus usuarios ni cómo se utilizaba esa información.
Más de 43 millones de infracciones
En septiembre, un jurado declaró a Meta responsable de más de 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México. Las conclusiones estuvieron vinculadas con el uso de información de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, consultora política que recopiló datos para elaborar publicidad dirigida durante la elección presidencial estadounidense de 2016.
La información obtenida mediante una aplicación de terceros habría alcanzado a hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Durante el juicio también se analizaron las declaraciones de la empresa sobre privacidad, moderación de contenidos y la respuesta al uso indebido de los datos.
Nuevo México mantuvo su propia demanda
Nuevo México fue uno de los estados que no se incorporó a un acuerdo separado alcanzado por Meta con otros 48 estados y territorios en agosto. Ese convenio contempla pagos de hasta 18 mil millones de dólares y establece medidas adicionales relacionadas con la seguridad de menores y las prácticas de las plataformas de la compañía.
La decisión permitió que el estado continuara con su litigio sobre el manejo de datos asociado con Cambridge Analytica. Florida también quedó fuera del acuerdo, aunque el proceso de Nuevo México fue el que llegó a una resolución mediante un juicio con jurado.
Meta puede impugnar la resolución
Los abogados de Meta han sostenido que las leyes estatales de protección al consumidor no deben aplicarse de la misma manera a personas que no utilizaban la plataforma durante el periodo analizado. La empresa también ha argumentado que modificó sus políticas desde que la demanda fue presentada.
La sanción representa una de las mayores penalizaciones civiles impuestas a una empresa tecnológica en Estados Unidos. El caso aún puede generar nuevas disputas legales sobre el alcance de las leyes estatales, la responsabilidad de las plataformas digitales y la protección de los datos personales.