Expertos de Naciones Unidas reconocieron los esfuerzos de México para crear una Ley General contra el Feminicidio, iniciativa que busca homologar la tipificación y sanción del delito en todo el país, establecer protocolos de investigación uniformes y fortalecer los sistemas de información sobre violencia feminicida.
La comunicación fue suscrita por Ivana Krstić, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, y Graeme Reid, experto independiente sobre violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Reconocen homologación y registros especializados
Los especialistas señalaron que reducir las diferencias normativas entre las entidades federativas puede contribuir a una respuesta más coherente, efectiva y respetuosa de los derechos humanos, además de reforzar la seguridad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
También destacaron la propuesta de consolidar los sistemas de información sobre violencia feminicida y crear registros especializados, incluido uno para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
Piden una perspectiva interseccional
Los expertos consideraron relevante que la iniciativa incorpore una perspectiva interseccional y solicitaron que incluya de manera expresa a las mujeres trans dentro de las medidas de prevención, protección, investigación, sanción y reparación.
Explicaron que reconocer la identidad de género como una categoría protegida permite que las autoridades respondan sin discriminación a las formas específicas de violencia que pueden enfrentar las mujeres trans. Asimismo, pidieron que el proyecto contemple los asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales.
La inclusión de estos grupos ocurre mientras organizaciones y activistas han advertido sobre posibles vacíos o términos excluyentes en la discusión legislativa y han llamado a incorporar sus voces en la construcción del nuevo marco jurídico.
Reparación integral para las familias
La comunicación también subrayó que las familias de las víctimas deben contar con recursos efectivos y medidas de reparación integral, incluidas acciones para evitar que se repitan violaciones similares.
La iniciativa permanece en proceso de discusión legislativa. Entre sus principales objetivos se encuentran establecer criterios nacionales para investigar el feminicidio, mejorar la coordinación entre autoridades y reducir las diferencias que actualmente existen entre las entidades federativas.