Especialistas en derecho laboral y pensiones, así como dirigentes sindicales, cuestionaron la legalidad del acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que modificó temporalmente las condiciones de la Modalidad 40 y anticiparon la presentación de amparos contra la medida.
El acuerdo fue aprobado por el Consejo Técnico en una sesión extraordinaria del 10 de octubre y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2026. Sus disposiciones entraron en vigor el jueves 22 de octubre y establecen nuevas restricciones para las personas que busquen incorporarse al esquema.
La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, permite a trabajadores que dejaron un empleo formal continuar realizando aportaciones al IMSS. Para quienes cotizan bajo la Ley de 1973, el esquema puede influir en el cálculo de la pensión al considerar las semanas cotizadas y el salario promedio de las últimas 250 semanas.
Especialistas advierten una posible controversia constitucional
El abogado laboral y especialista en pensiones Carlos Mendoza sostuvo que un acuerdo administrativo no puede colocarse por encima de la Ley del Seguro Social. Desde su perspectiva, la decisión puede combatirse mediante juicios de amparo indirecto, debido a que modificaría las condiciones de un esquema previsto en la legislación.
Jorge Antonio Loyo Pérez, catedrático de la Universidad Iberoamericana, calificó las medidas como regresivas y señaló que podrían afectar el principio de progresividad de los derechos. También cuestionó que se limite la posibilidad de mejorar la pensión de trabajadores que han cotizado durante décadas.
En el Senado, legisladores de distintos grupos parlamentarios coincidieron en que un acuerdo del Consejo Técnico no debe utilizarse para reformar una ley. Por ello, plantearon revisar el alcance jurídico de las disposiciones publicadas por el IMSS.
Qué cambió para las nuevas incorporaciones
Las nuevas reglas limitan el salario con el que una persona puede registrarse en la Modalidad 40. De acuerdo con la información publicada sobre el acuerdo, quienes se incorporen a partir del 22 de octubre deberán considerar como referencia su último salario base de cotización, con un margen adicional vinculado a una Unidad de Medida y Actualización.
Además, la inscripción generará derechos a partir de la fecha en que se presente la solicitud, por lo que se elimina la posibilidad de realizar pagos retroactivos para nuevas incorporaciones. También se establecen restricciones para combinar este esquema con la incorporación voluntaria de personas trabajadoras independientes.
Las personas que ya estaban inscritas antes de la entrada en vigor conservarán las condiciones de su periodo contratado, según la información difundida sobre las nuevas disposiciones. El IMSS también contará con un plazo de seis meses para analizar el impacto financiero de la Modalidad 40.
Sindicatos llaman a organizar una respuesta
Gerardo Ríos, dirigente del Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad, afirmó que la medida afecta a trabajadores que han ahorrado durante años para alcanzar una jubilación digna. También llamó a las organizaciones sindicales independientes a formar un frente nacional para cuestionar el acuerdo.
Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral y académico de la UNAM, relacionó la decisión con las presiones financieras del sistema de pensiones. Señaló que el debate también expone la situación de las personas trabajadoras informales, quienes no cuentan con acceso regular a la seguridad social.
El gobierno federal ha defendido los cambios con el argumento de que se detectaron prácticas fraudulentas y un impacto elevado para las finanzas del IMSS. Sin embargo, especialistas y representantes sindicales consideran que el acuerdo debe someterse a una revisión jurídica para determinar si puede restringir las condiciones de un esquema establecido en la ley.
La posible presentación de amparos abrirá una nueva etapa de controversia sobre el alcance de las facultades del Consejo Técnico del IMSS y la protección de los derechos de quienes planean su retiro bajo el régimen de la Ley de 1973.