Seis servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón fueron detenidos entre el 16 y el 19 de octubre de 2026 por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y secuestro agravado. Entre los aprehendidos se encuentran el director y un monitorista del Centro de Comando y Control (C2), tres elementos de la Policía Municipal y el director de Reglamentos.
El caso se relaciona con una privación de la libertad ocurrida el 29 de septiembre en el centro de Taxco. Cuatro de los funcionarios son señalados por presuntamente facilitar el hecho mediante el retiro de agentes de Tránsito Municipal y la omisión del reporte a otras corporaciones de seguridad.
Cuatro funcionarios, vinculados con un caso de desaparición
Los detenidos identificados como Ricardo “N”, director del C2; José “N”, monitorista; y los policías municipales Gabriel “N” y Olga “N”, fueron puestos a disposición de un juez de control. La investigación sostiene que los agentes habrían ordenado despejar la zona donde varios sujetos obligaron a una persona a subir a un vehículo.
También se indaga si el personal del C2 recibió instrucciones para no informar sobre la privación de la libertad a las autoridades policiales. La persona afectada continúa sin ser localizada, mientras las autoridades mantienen las acciones de búsqueda.
Otros dos servidores públicos enfrentan investigación por secuestro
Entre los seis detenidos también se encuentran José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento, y Gerónimo “N”, policía municipal activo. Ambos son investigados por su probable participación en distintos casos de secuestro agravado.
José Carlos “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo. El juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria por un caso ocurrido el 11 de abril, relacionado con la privación de la libertad de un familiar del presidente municipal de Taxco.
Las seis personas imputadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia firme. El proceso judicial continuará para determinar su posible responsabilidad y esclarecer el paradero de las víctimas.