El Ministerio Público Federal de Brasil pidió a la Justicia Federal de Porto Alegre que ordene a Meta restaurar, en un plazo máximo de 24 horas, cuentas, páginas y publicaciones suspendidas o restringidas sin justificación durante el periodo electoral de 2026. La solicitud contempla una multa diaria de 500 mil reales, equivalente a unos 90 mil dólares, por cada cuenta que permanezca afectada.
La acción civil pública fue presentada el miércoles 21 de octubre, cuatro días antes de la segunda vuelta presidencial, y se basa en más de mil reportes de bloqueos, eliminación de contenidos y reducciones de alcance en plataformas digitales. Las denuncias involucran a ciudadanos, periodistas, medios independientes, entidades estudiantiles, movimientos sociales y colectivos culturales.
El MPF cuestiona la moderación automatizada
El Ministerio Público también solicitó que las decisiones de moderación no dependan exclusivamente de sistemas automatizados. La petición plantea que las reclamaciones sean revisadas individualmente por equipos humanos especializados, capaces de valorar el contexto de las publicaciones y explicar de manera precisa las reglas presuntamente infringidas.
De acuerdo con los reportes incorporados al caso, algunas notificaciones fueron genéricas, se enviaron en idiomas extranjeros o no identificaron con claridad el contenido que habría incumplido las normas de la plataforma. También se cuestionaron las restricciones de alcance, que reducen la difusión de una publicación sin que el usuario necesariamente reciba una explicación específica.
La investigación se relaciona con un procedimiento abierto por la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano para examinar las prácticas de moderación de Meta y X durante las elecciones. Las organizaciones que presentaron la denuncia señalaron más de mil casos de bloqueos, suspensiones, eliminaciones y limitaciones de alcance registrados durante la campaña.
La disputa ocurre antes de la segunda vuelta
La solicitud judicial se presentó mientras Brasil se prepara para la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, en la que compiten Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal. En un proceso distinto, el Tribunal Superior Electoral ha exigido a Meta aplicar criterios uniformes a los contenidos y anuncios relacionados con ambas candidaturas.
Meta ha señalado que sus sistemas deben tratar a los candidatos de forma igualitaria y ha atribuido algunos problemas recientes a fallas técnicas. La empresa también informó que ciertas restricciones automatizadas son sometidas posteriormente a revisión humana; sin embargo, el MPF sostiene que persisten dudas sobre la proporcionalidad, la transparencia y los mecanismos de reclamación.
La petición deberá ser analizada por la Justicia Federal de Porto Alegre. El eventual restablecimiento de las cuentas y publicaciones, así como las medidas de auditoría y revisión humana, dependerá de la decisión judicial sobre la acción civil pública.